El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en Málaga que el Ministerio de Vivienda exigiría a partir de hoy a las plataformas digitales que retiren de sus anuncios online 53.876 pisos turísticos que presentan irregularidades.
En mayo se calculaba, según la última estadística experimental del INE, que España contaba con 381.873 viviendas de este tipo, un 1,4% más que el anterior dato recogido en noviembre de 2024. Dicho estudio estima cuántos inmuebles se anuncian en las principales webs, por lo que no puede compararse con el registro.
Con esta notificación, el Ejecutivo central pretende que estas viviendas que no cumplen con la legalidad se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. ‘Para que pasen a ser alquileres constantes para la gente joven y familias de este país’, abundó Sánchez.
España fue el primer país de Europa en implementar el registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Tanto los inmuebles que se rentan a turistas como los que lo hacen por temporadas para otros usos deben tener un número único que funciona a modo de matrícula identificativa.
Para obtención de dicho identificador, los registradores de la propiedad deben comprobar antes de concederlo
que el piso cuenta con los requisitos preceptivos, que dependen de cada municipio y comunidad autónoma, dado que son estas administraciones las que tienen la mayoría de las competencias regulatorias en este campo.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico, indican fuentes del Ministerio de Vivienda.
De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%), tal y como adelantó ayer Sánchez. Horas después de conocerse el dato, Airbnb emitió un comunicado en el que afirmaba que ha colaborado con el ministerio y que ‘menos del 10% de los números de registro que fueron revocados por el registro corresponden a anuncios’ de su plataforma.
Del mismo modo, señalaba que desde enero ‘70.000 anuncios más en Airbnb muestran un número de registro’.
El nuevo registro obligatorio se puso en marcha el 1 de enero, pero hasta el 30 de junio se aplicó a modo de prueba. En ese periodo de tiempo, 17.163 solicitudes fueron rehusadas, lo que supone un 9% del total. En julio y agosto, cuando la inscripción fue imperativa, las peticiones rechazadas fueron 34.429, es decir, un 20% de todas las presentadas desde enero, según los datos dados a conocer el 2 de septiembre.

FUENTE: EL PAIS